El nuevo formato será opcional desde el 1 de julio y obligatorio desde el 1 de diciembre de 2017.

La entrada en vigor de la factura electrónica 3.3 el próximo 1º de julio, representa ventajas para el SAT ya que aumentará la recaudación de impuestos y combatirá la evasión, pero también hay ventajas para las empresas, y es que ahora éstas tendrán mayor certeza respecto a la traslación de los impuestos, señala Jorge Alberto Perez Curiel, Socio Encargado de la Práctica Nacional de Business Process Solutions en Salles Sainz Grant Thornton. 

Pérez Curiel, asesor experto en materia tributaria para pequeñas y medianas empresas, asegura que con la nueva versión de factura electrónica ya no cabrá duda sobre que conceptos están exentos y cuales están grabados. En el nuevo formato habrá que detallar la tasa que aplica a cada uno de los conceptos en la factura, cuando anteriormente se observaba el impuesto trasladado y no se sabía a qué conceptos correspondían. 

Otra de las novedades es que estas facturas ya no podrán cancelarse, a menos que cuenten con la autorización del beneficiario de la factura. “Muchos contribuyentes emitían facturas y meses después las cancelaban sin que se enterara su cliente, de modo que cuando éstos hacían su declaración y aseguraban que tenían un impuesto acreditable, resultaba que era rechazado por  el SAT porque el proveedor había cancelado esa facturación”, explica. 

Estos casos representaban un problema serio para acreditar el IVA, la devolución o las compensaciones de impuestos. “Con el formato 3.3, si yo emito una factura y me equivoqué en el precio por producto o servicio,  esa cancelación le llegará a mi cliente por medio del buzón tributario y tendrá 72 horas para aprobarla o negarla”. 

Argumenta que con este proceso las empresas podrán enterarse de todos aquellos proveedores que quieran cancelarles una factura, a lo mejor sin razón, y tendrán mayor certeza en las deducciones y en los acreditamientos de impuestos. 

El socio de Salles Sainz Grant Thornton concluye que la nueva facturación implicará mayores procesos administrativos y aprendizaje para los contadores, pero “habrá mayor seguridad al contribuyente para el acreditamiento y la deducción de sus comprobantes fiscales, por lo que las empresas deben acercarse a expertos en materia tributaria para aclarar sus dudas y empezar a hacer pruebas con el formato 3.3, que será obligatorio a partir del 1 de diciembre”.

 

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